El 5 de enero del 2023, entró en vigor esta nueva directiva, que moderniza y refuerza las normas relativas a la información social y medioambiental que deben comunicar las empresas. A partir de ahora, un conjunto más amplio de grandes empresas, así como las PYME que cotizan en bolsa, estarán obligadas a informar sobre sostenibilidad: unas 50 000 empresas en total.
Las nuevas normas garantizarán que los inversores y otras partes interesadas tengan acceso a la información que necesitan para evaluar los riesgos de inversión derivados del cambio climático y otras cuestiones de sostenibilidad. También crearán una cultura de transparencia sobre el impacto de las empresas en las personas y el medio ambiente. Por último, se reducirán los costes de información para las empresas a medio y largo plazo al armonizar la información que deben facilitar.
